La participación ciudadana es un tema que ha cobrado relevancia en los últimos años, tanto en México como en el mundo. Cada vez se reconoce más la importancia de que una democracia debe de permitir la toma de decisiones de manera mucho más directa. Ya no sólo es suficiente con los votos en las urnas y en los comicios de elección popular, sino es necesario un proceso en donde participen los diferentes actores de la población. Gobierno, ciudadanía e instituciones privadas deben de comprometerse en ejercicios de participación igualitaria para lograr acuerdos en beneficios de todos.
En el 2015, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, por sus siglas la CEPAL, publicó un manual de lineamientos internacionales para asegurar una participación ciudadana que se pueda considerar legítima e incluyente en todos los niveles. En este manual recalca la importancia de incluir un proceso multiescalar para incluir a todos los niveles de tomadores de decisiones. También presenta seis principios que deben de seguir cualquier proceso de participación: 1) Transparencia y acceso a la información, 2) Voluntariedad, 3) No exclusión, 4) Equidad, 5) Reconocimiento y respeto por la diversidad y 6) Receptividad. Además, identifica cuatro tipos de niveles de participación: el Informativo, el consultivo, el decisorio y de cogestión.
Con este manual se puede apreciar cómo va surgiendo una tendencia en el continente para cambiar los paradigmas de participación ciudadana tradicionales. Y en lo que respecta a México, ¿cuál es la situación actual? ¿Se puede hablar de participación ciudadana?
Cultura política en México
Antes de entrar a detalle con las leyes que existen a nivel nacional, se debe de hablar un poco de la historia política de la democracia en México. Esta cultura es causa y consecuencia del por qué se establecieron los mecanismos y sus requisitos como los vemos ahora.
La situación política del país, desde el fin de la revolución hasta los años 90´s, se puede describir cómo una forma de gobernanza centrada en un poder total ejercido del gobierno; más explícitamente, el presidente se vuelve una figura de poder supremo, el único que dirige y decide el rumbo del país; el principio y el final de las políticas públicas.
Alrededor de esa imagen y forma de gobernar se empiezan a establecer iniciativas de ley para promover la participación de la sociedad en la vida política. Las primeras leyes tenían la intención de darle la oportunidad de expresar su opinión a la población, pero la decisión final seguía en manos del partido político dominante. Muchos autores resumen esos intentos como una simulación de participación ciudadana; sólo una manera de legitimar decisiones de la autoridad, mientras cumplen la cuota de “participación” por parte de la sociedad civil.
El presidencialismo también dejó su marca en la cultura política y social del país. Al ser una sociedad acostumbrada a una maquinaria política en dónde todo es decidido por el poder en turno, el interés y participación de la población quedó relegado más como un “extra” que se podía hacer como voluntariado. De ser un derecho ciudadano de cualquier mexicano, se volvió una actividad opcional para el tiempo libre del ciudadano.
Con la crisis económica que surgieron a partir de los años 80’ se empezó a ver un debilitamiento del poder que mantenía el gobierno. Con las votaciones del 2000, en dónde después de casi 60 años, el partido dominante perdía el poder; la alternancia representaba una nueva oportunidad para la participación ciudadana. Aun así, después de 12 años de un partido político que se proclamaba diferente, muchos consideran que fue una gran decepción. Al final, fue cómo se dice popularmente “más de lo mismo.”
A pesar del desencanto, la alternancia empezó a generar ciertos cambios en los mecanismos de participación. Empezaban a surgir nuevas propuestas y podía vislumbrarse un aumento en el interés de la sociedad en la política.
Mecanismos básicos de participación ciudadana
Desde el 2007, en México se cuenta con tres mecanismos principales para garantizar la participación ciudadana de forma directa. Estos son el plebiscito, el referéndum y la iniciativa popular.
Las definiciones de cada una, según el senado de la república, son las siguientes:
“El plebiscito, entendido como un mecanismo de participación ciudadana, mediante el cual se pondrá a consideración de los ciudadanos, la aprobación o el rechazo en cuanto a una decisión o acto de carácter político que no gira en torno a un acto legislativo.”
“El referéndum es considerado la otra cara de la moneda en comparación con el plebiscito, en ambos se hace la misma consulta de aprobación o rechazo del ciudadano, sólo que en el referéndum la consulta es carácter legislativo.”
“Por lo que corresponde a la iniciativa popular, ésta consiste en el derecho que se le concede a los ciudadanos o al pueblo para hacer propuesta de ley al Poder Legislativo, esta posibilidad que tienen los ciudadanos para proponer ante el poder generador del orden jurídico, para que apruebe, derogue, abrogue o modifique normas; y está sujeta a que la iniciativa la presenten un cierto número de ciudadanos”
Otra herramienta más reciente y que cada vez es más utilizada son las consultas populares. Estas se definen cómo un “mecanismo de participación por el cual los ciudadanos ejercen su derecho, a través del voto emitido mediante el cual expresan su opinión respecto de uno o varios temas de trascendencia nacional”
Esta última es la que ha cobrado mayor popularidad, debido a que puede ser convocada no sólo por la ciudadanía, sino también por el presidente y los partidos políticos.
También se debe de mencionar que a nivel estatal, cada estado ajusta los mecanismos y requisitos de participación ciudadana. Esto ha creado la situación en dónde no hay leyes unánimes en esta cuestión y en dónde cada entidad presenta un entorno único para la participación de la sociedad.
¿Qué está pasando?
Si ya existen las leyes, ¿qué es lo que asegura la legitimidad de los mecanismos de participación ciudadana? Ahora que va creciendo el interés de la población en la toma de decisiones ya se empiezan a analizar los requisitos para un buen ejercicio de la misma.
En su ensayo del 2015, Azucena Serrano establece que, para que exista una verdadera participación ciudadana deben de cumplirse cuatro requisitos fundamentales:
-Disponibilidad de información
-Protección de garantías individuales
-Confianza de la población hacia las instituciones
-Canales jurídicos y legales
Cabe señalar que cada una de ellas se entrelaza entre sí, y una puede ser causa o efecto de otra.
Estos lineamientos, junto con los de la CEPAL mencionados anteriormente, dan una idea general de lo que se espera de una actividad de participación ciudadana. Lamentablemente México no parece cumplir con ninguna de los cuatro requisitos.
Disponibilidad de información
Cuando se habla de la disponibilidad de información se refiere a la existencia de canales que permitan a la población poder acceder a datos. La CEPAL se refiere a esto como la “transparencia y acceso a la información.” Esto es de importancia ya que permite que se tomen las mejores decisiones al crear una comunidad informada, con acceso a los datos pertinentes para juzgar una situación. En el caso de México, los canales más comunes son los medios de comunicación; también existen las instituciones oficiales de gobierno que permiten el acceso a datos oficiales, como el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) o el Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública (INAI).
A pesar de contar con los canales necesarios, en México se considera que todavía tiene un problema de transparencia a la información. Empezando con los medios de comunicación, en dónde los periodistas sufren atentados contra su seguridad. Hasta ahora, México es de los peores países para ser periodista, sólo por debajo de países que se encuentran en guerra. Con una profesión encargada de exponer la verdad constantemente bajo ataque, no se puede esperar información verídica sin representar un riesgo.
También la falta de apoyo por parte de las instituciones para garantizar el acceso a la información, debido a corrupción y encubrimiento, incapacitan la función de los organismos que deberían asegurar entregar información a la ciudadanía.
Protección de garantías individuales
Para que la población pueda ejercer su derecho a la participación en asuntos públicos, gobierno y sus instituciones deben de asegurar la protección del bienestar de sus participantes. Cuando esto no ocurre, se puede llegar a detener la participación ciudadana. Tal es el caso que se mencionaba en el punto anterior: violencia hacia los periodistas.
No sólo es ese grupo el que sufre la violencia, sino también otros grupos de la población. Como marca los lineamientos de la CEPAL, es fundamental garantizar la equidad e integración de grupos vulnerables, como las mujeres o los grupos originarios. Sólo mencionando un ejemplo, los feminicidios en México son un ejemplo claro de la violencia sistémica hacia un sector de la población: se calcula que se asesinan a 10 mujeres al día. Si no se pueden cumplir las garantías de seguridad y protección a toda la población, entonces la participación ciudadana se verá interrumpida.
Confianza hacia las instituciones
Si el gobierno debe de ser el mayor responsable de garantizar la seguridad y la transparencia, ¿qué sucede si falla? Lo que sucede es una disminución en la confianza que tiene la población hacia las instituciones. Esto puede llegar a provocar que desaparezca el interés en participar en la toma de decisiones. Si los organismos responsables de hacer valer la ley no pueden asegurar una rendición de cuentas hacia la población, entonces la credibilidad de los mecanismos de participación se verá afectado.
Para el 2012, la Encuesta Nacional sobre Cultura Política y Prácticas ciudadanas arrojaba que “los niveles de corrupción que perciben los ciudadanos en los tres niveles de gobierno resultaron ser muy elevados” además de que las instituciones peor evaluadas en cuestión de confianza fueron “Sindicatos, Diputados, Senadores, Partidos Políticos y la Policía”
Canales jurídicos y legales
No menos importante es la existencia de los mecanismos de participación ciudadana. En este caso no sólo se debe de evaluar la presencia de las leyes que lo permiten, sino también analizar si son viables de llevar a cabo en el contexto en dónde se supone que deben de desenvolverse.
Varios autores comentan que un problema común en México desde hace ya décadas es la simulación de las leyes de participación ciudadana. Aunque al leerlas se puede apreciar la consideración hacia la población, cuando se analizan los requisitos necesarios para llevarlos a cabo se llega a concluir que son imposibles de realizar.
En algunos casos como en la consulta popular, se puede exigir a la ciudadanía una cantidad exagerada de firmas o de participantes. Sólo para solicitar una consulta se pide un 2% de firmas del padrón electoral. Para el 2018, según la página web “Foro Jurídico,” esto representaba “1 millón 788 mil 168 firmas”, algo casi imposible para la ciudadanía.
También con la necesidad de requisitos de organización complicados, como votaciones o mesas organizadas de población provoca que se requieran recursos monetarios y de tiempos que es casi imposible que muchos ciudadanos posean. Al final, esto transforma el mecanismo de participación inservible para la ciudadanía, siendo los partidos políticos los únicos que pueden realizarlos. Cuando esto ocurre, la participación ciudadana pierde su función de empoderamiento y se transforma en otro método para legitimar e impulsar decisiones del gobierno en turno, disfrazándolas como “peticiones de la sociedad”
Publicado en Resiliente Magazine el 29 de julio del 2020
Literaratura consultada
- Comisión Nacional de los Derechos Humanos. 2014. El derecho humano al medio ambiente sano para el desarrollo y bienestar. Primera Edición. Ciudad de México
- Gómez-García, L.E. El medio ambiente en el sistema jurídico mexicano. Revista Amicus Curiae, México, UNAM, año I, número 4, p. 3
- Hevia, F., Vergara-Lope, S. y Ávila-Landa, H. 2011. Participación ciudadana en México: consejos consultivos e instancias públicas de deliberación en el gobierno federal. Perfiles Latinoamericanos 38: 65-88
- Moller, A.D. y Jaramillo-Cardona, M.C. 2009. Cultura política, participación ciudadana y consolidación democrática en México. Espiral XVI: 137-171.
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