Un ejemplo de participación ambiental: plásticos y popotes
Cada vez es más común que surjan iniciativas hacia los consumidores sobre el impacto que tienen sobre el ambiente. Dejar de usar popote, por ejemplo, fue uno de los primeros movimientos más llamativos que, al final derivó en una ley que prohíbe su venta. Continuando con este movimiento de reducción de desechos, se planteó el siguiente paso: dejar de usar bolsas de plástico.
Con esta corriente en boga, surgió al principio del 2020 la modificación a la Ley de Residuos Sólidos que prohíbe entregar bolsas de plástico de un solo uso en los supermercados y a partir del 2021, otros artículos de plástico como globos y cubiertos desechables.
Este movimiento es considerado por muchos como un éxito de la participación ciudadana, y de cómo un cambio de cultura gradual puede llevar a leyes a nivel nacional. Pero tampoco ha estado exento de críticas. Algunas que han surgido hacia estos tipos de iniciativas es sobre el enfoque casi exclusivo sobre el consumidor, perdonando a otros sectores de la sociedad como comercios y servicios, los cuales hasta el 2016 generaban casi el 48% de residuos sólidos en la Ciudad de México.
Entonces, ¿es inútil reciclar, no usar popote y comprar con las bolsas ecológicas? No necesariamente. Este tipo de políticas pueden generar una conciencia ambiental a nivel sociedad, que si se canaliza bien, se podría traducir a una mayor participación ciudadana en la toma de decisiones relacionadas con la protección ambiental. Incluso la ley sobre los popotes surgió como una iniciativa ciudadana; con el cambio gradual que se tuvo en la percepción sobre el uso del popote fue cuando el gobierno decidió convertirla en ley.
Según en el artículo 4to de la constitución mexicana, todos los mexicanos tienen derecho a un medio ambiente sano, por lo cual cualquier atentado en contra de los ecosistemas mexicanos se consideraría una violación a dicho derecho. La participación ciudadana debe de empezar con todos los mexicanos siendo conscientes de sus derechos ambientales y las acciones que se espera que debe tomar cada empresa para no afectarlos.
Uno de los problemas con la legislación ambiental en México es su tan extensa existencia de leyes y niveles de gobierno que se genera lo que se conoce como sobreregulación. Las normas federales establecen un mecanismo de explotar un recurso, mientras que una ley estatal exige otros requisitos para ese mismo recurso. De entre tantas regulaciones que duplican o anulan requisitos entre sí da a pie a las famosas lagunas legales, de donde surgen los mercados negros o las malas prácticas de las empresas. Si no hay un marco legal claro de derecho ambiental esto abre camino a un caos cuando se quiere hacer valer la ley.
En caso de alguna ilegalidad que produzca un impacto grave al ambiente, ¿qué puede hacer la sociedad civil si existe ambigüedad en las mismas leyes? Lo más común que se menciona es la organización. Identificar a los representantes de las localidades afectadas, como diputados y senadores, para exigir que vocalicen las preocupaciones ante las cámaras correspondientes; apoyar a organizaciones no gubernamentales en su labor como contrapeso y vigilantes del cumplimiento de la legislación ambiental.
Los popotes son un ejemplo positivo de las acciones ciudadanas bien organizadas que pueden generar un cambio; pero lamentablemente también existen los malos ejemplos. México es un país con una crisis de atentado contra los ambientalistas, estos son, las personas con interés de preservar la riqueza natural del país.
Sólo en lo que va del 2020 lamentablemente van 3 ambientalistas muertos; muchos de ellos reclamaban malas prácticas por parte de gobierno como de empresas privadas, como la tala ilegal de árboles en el santuario de la mariposa monarca. El mensaje que se manda con estos asesinatos es claro: es peligroso exigir el cumplimiento de las regulaciones ambientales.
Aunque existen las leyes que regulan la explotación de los recursos naturales, ¿por qué se siguen observando atentados contra el patrimonio natural de México? Se podría suponer que es provocado por los mismos cuatro problemas que ya se hablaron: poca transparencia en los estudios de impacto ambiental; violación de los derechos fundamentales de los ambientalistas; corrupción en los sistemas jurídicos, lo cual permite las malas prácticas; por último, la falta de confianza en las autoridades, lo cual deja sin opciones a quién acudir para aquellos que si tienen interés en el tema de protección ambiental.
Literaratura consultada
- Comisión Nacional de los Derechos Humanos. 2014. El derecho humano al medio ambiente sano para el desarrollo y bienestar. Primera Edición. Ciudad de México
- Gómez-García, L.E. El medio ambiente en el sistema jurídico mexicano. Revista Amicus Curiae, México, UNAM, año I, número 4, p. 3
- Hevia, F., Vergara-Lope, S. y Ávila-Landa, H. 2011. Participación ciudadana en México: consejos consultivos e instancias públicas de deliberación en el gobierno federal. Perfiles Latinoamericanos 38: 65-88
- Moller, A.D. y Jaramillo-Cardona, M.C. 2009. Cultura política, participación ciudadana y consolidación democrática en México. Espiral XVI: 137-171.
La Ardilla Parlante 